La actuación del terrorismo internacional a lo largo de la última década ha generado un sentimiento de inseguridad en nuestra sociedad que no solo deriva de la crudeza de sus efectos destructivos directos. Sabemos que la moderna delincuencia organizada ha trascendido en nuestros días más allá de la mera explotación de mercados de bienes y servicios ilegales para consolidar su poder mediante la infiltración en las estructuras del poder constituido, corrompiéndolo, financiando el mantenimiento de grupos violentos y poniendo en peligro la estabilidad política y económica de los regímenes democráticos. Por otra parte, el crimen organizado ha generado ámbitos de impunidad aprovechando que los sistemas penales siguen dependiendo con demasiada frecuencia de conceptos jurídicos anclados en el pasado. Los instrumentos tradicionales de lucha contra la delincuencia no bastan, requiriéndose nuevos tipos, nuevos medios de investigación, nuevos mecanismos de cooperación e, incluso, nuevas consecuencias jurídicas. Las modernas iniciativas internacionales —Convención de Viena, Convención de Palermo, Convención de Mérida, etc.— ayudan a coordinar el impulso necesario para crear soluciones globales para un problema global, pero la sociedad sigue percibiendo la insuficiencia de las nuevas medidas o de su implementación. Desde hace años, el Grupo de Estudio contra la Corrupción de la Universidad de Salamanca viene desarrollando programas específicos de formación sobre estas materias. En este marco, el programa que aquí se presenta pretende abordar esta problemática afrontándola predominantemente desde la óptica criminal, contando para ello con un grupo de profesionales que combinan la experiencia práctica que aportan Jueces y Fiscales procedentes de la Audiencia Nacional española con la reflexión académica del profesorado universitario.

Programa inicial

1. Delincuencia organizada: concepto, tipologías, marco normativo.
2. Control y represión penal del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
3. Ordenación del territorio y corrupción.
4. La lucha transnacional contra la criminalidad organizada y el terrorismo: armonización legislativa, cooperación jurídica y universalización de la justicia.
5. Especialización de los operadores judiciales.
6. La investigación policial del crimen organizado.
7. Valoración de la prueba y enjuiciamiento de los delitos relacionados con el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo.
8. Procesos de normalización, terrorismo y Derecho Penitenciario.
9. Los denominados “juicios paralelos”: el derecho al juez imparcial y el papel de los medios de comunicación.